Jueves, 14 Marzo 2019 00:00

El elogio a la locura.

Por: José Alberto Guerrero Baena.

100 Días, una eternidad que no dice nada...

y hace tampoco.

 

«Tratar de regresar al equipo a los buenos momentos

que tuvo con el entrenador anterior es nuestra meta»

 

Javier Torrente

Director Técnico de Monarcas Morelia.

 

Siguiendo la lógica y la coherencia cuando hay un cambio en la Dirección técnica de un equipo de fútbol o conjunto deportivo, con posiciones especializadas y con una lógica que indica que se debe de realizar un análisis, posición por posición. De esta manera es como se delinea una transición cuando llega un nuevo estratega o un nuevo titular.

En el caso de este nuevo gobierno al parecer quiere cortar de tajo todo sesgo de estructura, ideología e incluso procesos técnicos de los anteriores regímenes. Lo cual no siempre es una solución coherente, porque hay muchos protocolos, planes que deben tener un seguimiento institucional y hasta de coordinación con otras instancias, y es ahí donde se ha caído en un retroceso latente, incluso enfrentamientos con la sociedad civil y los ciudadanos de a pie.

Es importante identificar varios puntos importantes de estos 100 días de gobierno que realmente nunca debimos de analizar. Pero el propio titular del ejecutivo se puso la soga al cuello y obligadamente los opinadores profesionales retomamos esa práctica con distintas aristas. En nuestro caso, podremos retomar variables importantes que a continuación desglosaremos.

La popularidad del Presidente.

Un fenomeno inusitado ha sido la popularidad absoluta e inusitada del presidente, incluso dentro de sus propios errores. Algo que no se veía porque la constante era que dentro de los primeros cien días era el común denominador la caída en un porcentaje considerable. Hay cinco factores que podemos identificar de este fenómeno. 

1) un estilo cercano de gobernar;

2) la expectativa de mejora que sigue al hartazgo de los gobiernos anteriores;

3) un gobierno de “acciones rápidas” (aunque con poca planeación y problemas en su implementación);

4) una estrategia de comunicación que utiliza un lenguaje común y cercano;

5) el planteamiento constante de una lucha del bien contra el mal (donde el mal es el

neoliberalismo y el bien es la Cuarta Transformación).

Ojo: estas aristas identificadas no significa que todo lo que plantea el presidente es correcto, popularidad no significa eficacia ni eficiencia y eso es algo que debemos desligar de una manera importante. No siempre las decisiones más populares son las acertadas y viceversa.

Los dilemas y falacias de la comunicación presidencial:

Aún cuando se ha descubierto un nuevo modelo de comunicación presidencial, donde en lugar de mostrar datos duros o hechos tangibles, se ha manifestado en un afán propagandístico sectario, que busca justificar acciones que por si solas pueden hablar, pero ante la debilidad del propio público consumidor de sus conferencias o pláticas, se acendra en diferentes derivaciones.

Las conferencias no son un medio de información, son instrumentos propagandísticos, donde los medios de comunicación asumen un papel pasivo de escuchas sin verdaderos cuestionamientos al titular del ejecutivo.

Esto de ninguna manera abona a una rendición de cuentas o transparencia que tanto han aludido como una forma de gobernar, al contrario, construyen una opacidad al más puro estilo setentero (expuesto en la película «Roma»). Por otro lado la catalogación entre buenos y malos (entre los cuales se cuenta él), los calificativos con adjetivos denigrantes (“mafia”, “fifí”, “machuchones”, “mezquinos”, “neofascistas”, “conservadores”) y acusarlos de corrupción sin pruebas, AMLO le resta legitimidad a la oposición y estigmatiza a la crítica.

Por otro lado se habla de posverdades, donde no hay un sustento en las acciones que toma el gobierno, desde la infraestructura, medidas económicas tomadas hasta las buenas intenciones del gobierno que parece que son la constante que le gusta calificar al mexicano promedio y no los hechos que se sustentan con cifras y datos duros que tanto aburren al mexicano.

Estilo personal de gobernar o centralismo disfrazado de federalismo.

Un estilo personal de gobernar, basado en conferencias mañaneras, en excesivo protagonismo, en descalificaciones, conllevan a tomar decisiones que no tienen ningún sustento jurídico o incluso rayan en la ignorancia donde se olvida que estamos en un país donde el federalismo esta sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, hablando de moralidad (que no siempre es sustentada por la decisiones polémicas o los personajes que aparecen alrededor del presidente).

Por otro lado no todo es malo, se ha manifestado por mantener una economía y una hacienda equilibrada, donde el personaje principal, el Secretario Urzua, son especialistas en mitigar las turbulencias que muy frecuentemente ocasiona el presidente con los constantes errores estadísticos que por supuesto no corrige el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.

Pemex, Talón de Aquíles del gobierno.

Las acciones y decisiones tomadas por la nueva administración, sin embargo, han elevado los riesgos para la empresa. La suspensión de las rondas petroleras, el regreso de los modelos tradicionales de contratación, la insistencia de construir una nueva refinería, el nombramiento de funcionarios inexpertos al frente del sector, la pérdida de capital humano por las excesivas medidas de austeridad, el desprecio por el gobierno corporativo de la empresa así como del regulador, entre otras, muestran un mismo hilo conductor: el predominio de las decisiones políticas sobre las técnicas.

Las calificadoras han puesto su mirada en este estilo de conducir a la empresa y han comenzado a mandar señales de alerta. Fitch lo hizo con una doble reducción en su calificación, S&P con una rebaja en la perspectiva y Moody´s con una advertencia de que hacia mediados del año evaluará la situación crediticia de la empresa.

El problema para el nuevo gobierno es que, de fracasar Pemex, ya sea porque sus calificaciones crediticias sean degradadas hasta perder el grado de inversión y/o porque su producción se mantenga en franco descenso y/o porque el proyecto de la refinería se torne inviable una vez iniciada su construcción, el efecto sobre la vida económica del país será negativo y ello acarreará consecuencias políticas inevitables para el presidente López Obrador.

Hay dos rutas alternas para Pemex: una opción pragmática en la que se reconoce que la empresa no podrá cumplir con las elevadas expectativas de producción que tiene la administración –lo cual es crítico para sostener el creciente gasto social del gobierno– y opta por revertir decisiones tales como la suspensión de las rondas petroleras y la construcción de una nueva refinería; o la opción alternativa donde termina prevaleciendo la visión ideológica y se mantienen las directrices actuales sin importar las consecuencias.

Centralización del poder.

El triunfo avasallador de López Obrador en 2018 sienta las bases de una hegemonía democrática que puede derivar en la erosión de los pesos y contrapesos de la democracia y la concentración del poder en la presidencia de la República.

  • Súper delegados: permiten al presidente la administración directa de recursos públicos federales en cada entidad y, a su vez, se convierten en candidatos naturales para la gubernatura de la entidad. En mayor o menor medida, disputan la preeminencia política al gobernador.
  • Desmantelamiento de la burocracia federal y nombramiento de funcionarios afines a Morena: todo cambio sexenal acarrea una renovación natural en las estructuras burocráticas del gobierno federal; sin embargo, las medidas de austeridad, la desaparición de estructuras completas, la fusión de entidades y la remoción de miles de funcionarios públicos —algunos de carrera— ha sido muy superior a la de cualquier otro cambio de administración.
  • Reducciones salariales al Poder Judicial de la Federación (PJF): la discusión sobre la disminución de los salarios del PJF colocó bajo el reflector nacional a jueces, magistrados y ministros. De forma negativa, estos funcionarios se han visto expuestos al escarnio público.
  • Reducciones presupuestales a órganos autónomos: estas entidades señalan que las reducciones les impiden llevar a cabo sus funciones de forma eficiente. Prácticamente todos los órganos autónomos han promovido recursos judiciales impugnado estas reducciones.
  • Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): los nombramientos de allegados del presidente López Obrador al interior del Poder Judicial, como ocurrió en el pasado con Peña Nieto en el caso del ministro Medina Mora, propician la percepción de erosión de independencia.
  • Presidencia del TEPJF: aunque la designación del nuevo magistrado presidente y la “renuncia” de la anterior presidenta es un asunto interno, prevalece la percepción de que los conflictos internos son resultado, en parte, del intento de algunos magistrados de generar empatía con el nuevo gobierno y evitar su reemplazo o incluso la desaparición del Tribunal Electoral.
  • Titular de FGR: aunque cuenta con una carrera propia y reputación profesional y académica, la designación de Alejandro Gertz Manero como primer fiscal general, despertó la crítica hecha al ex presidente Peña Nieto de nombrar a un “fiscal carnal”.
  • Titular de la fiscalía electoral: una vez autónoma la FGR, la elección de fiscales especializados correspondió a Gertz. La designación del fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, muy cercano a López Obrador, genera duda sobre la autonomía de su gestión.

Nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE): la renuncia repentina de tres comisionados antes del fin de su periodo, abrió la posibilidad al presidente López Obrador de enviar ternas para elegir a los próximos comisionados de la CRE. La mayoría de los perfiles propuestos son políticos o personas cercanos a Morena, sin un perfil técnico calificado.

  • Renuncia del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la salida prematura de Juan Carlos Zepeda al frente de la CNH (hoy asesor externo de la secretaria de Energía) y la renuncia de otros comisionados permitirá al presidente renovar la composición del órgano con perfiles más cercanos a su visión ideológica del sector energético.

Con sus aliados políticos, Morena cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado de 74 senadores si se suma el PES, PT y Partido Verde (le faltan once para lograr la mayoría calificada). Asimismo, Morena es la primera fuerza en 19 de los 32 congresos locales, lo cual le garantiza el número necesario para enmiendas constitucionales. Salvo el Senado que puede convertirse en el único reducto de contrapeso político real al presidente de la República, los congresos serán un instrumento político del presidente y por el perfil de sus integrantes y la amplia popularidad presidencial, es difícil que actúen como un contrapeso político del poder ejecutivo.

Los órganos autónomos se crearon para despolitizar y profesionalizar la regulación de ciertas actividades o políticas públicas que, por su naturaleza, pueden ser capturadas, manipuladas o sesgadas por razones económicas, de interés político o simplemente de incompetencia. Para el presidente López Obrador, la autonomía es sinónimo de organismos que entorpecen y dilatan lo que él podría hacer a través de decisiones ejecutivas. Además, tanto él como sus partidarios consideran que la mayoría de los órganos autónomos son onerosos y se encuentran capturados por intereses económicos o que protegen el orden político del régimen anterior.

La presión del gobierno federal a estos órganos se ha hecho por dos vías:

1) señalamientos, acusaciones y escarnio público; y 2) reducciones presupuestales y salariales generalizadas.

Las críticas las han concentrado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). También ha criticado al Instituto Nacional Electoral.

Durante su gobierno, el presidente podrá presentar 36 propuestas de nombramiento para integrar los órganos autónomos y reguladores y así reorientar su visión y desempeño (los nombramientos de los integrantes de los órganos de gobierno del INEGI, Cofece e IFT son regulados por los procesos de selección establecidos en el Art. 28 constitucional que mandatan que se haga un proceso de selección riguroso y basado en méritos). Sin embargo, con las renuncias que se han presentado recientemente en algunos reguladores, este número incrementará.

Seguridad: sin rumbo o planeación.

A principios de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó ante el Senado el Plan Nacional de Paz y Seguridad de la nueva administración. El documento compila ocho de las ya conocidas promesas de López Obrador, incluyendo la erradicación de la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la regeneración ética de la sociedad. El documento, sin embargo, carece de los componentes tradicionales de un plan estratégico, pues no define cursos de acción concretos, mecanismos de evaluación, responsables de implementación o herramientas específicas de financiamiento.

El gobierno no ha definido metas claras que permitan determinar la efectividad de la Guardia Nacional ni se ha clarificado si habrá mayores recursos públicos destinados para la seguridad (en principio, se ha dicho que no). Se ha hablado vagamente de la construcción de la paz, sin definir cómo ni en cuánto tiempo se alcanzará. Además, no se ha anunciado un cambio estratégico ni táctico claro, sino que parecería que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional seguirán desempeñando las mismas tareas que ya llevaban a cabo en sexenios anteriores. En ese sentido, no se estima que los índices delictivos se reduzcan en el corto plazo.

Existe la posibilidad de que las cifras delictivas se estabilicen o incluso empiecen a bajar para mediados del sexenio. Sin embargo, ello dependerá de múltiples factores, incluyendo que se logre una adecuada y eficiente coordinación entre agencias de seguridad, se destinen recursos suficientes para capacitar a los reclutas de la Guardia y se les dote de la fuerza requerida, y que se implementen estrategias de prevención focalizadas. No obstante, no parecen estarse atacando las causas estructurales de la violencia y, por tanto, su estrategia no constituye una solución de largo plazo. Sobre todo, resta importancia a la necesidad imperante de fortalecer policías estatales y municipales, empoderar instituciones civiles e implementar planes de prevención y reinserción social efectivos.

Programas sociales: compra legal de votos anticipada:

Seis programas sociales serán el núcleo de su política social: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, Producción para el Bienestar, Microcréditos para el Bienestar y Sembrando Vida. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se asignaron un total de 180 mil millones de pesos para estos programas, cuyo objetivo es atender a alrededor de 16 millones de personas mediante la entrega de recursos de manera directa.

Si bien cada uno de los programas aludidos busca atender una problemática social innegable, Integralia identifica rasgos en común en los programas que sugieren riesgos relevantes de implementación: padrones opacos, reglas de operación ausentes o demasiado generales, análisis de costo-beneficio ausentes y opacidad en cómo se dispersarán los recursos.

Al 4 de marzo de 2019, de estos seis programas, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores era el único que contaba con reglas de operación, mientras que los demás contaban solamente con lineamientos para su ejecución. Los lineamientos, a diferencia de las reglas de operación, carecen de aspectos técnicos y operativos, además de que tienen poca claridad en cuanto a los mecanismos de evaluación, control y fiscalización.

Una de las principales recomendaciones que ha realizado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es que los programas deben contar con reglas claras para su ejecución. Por otro lado, el padrón de beneficiarios para estos programas provendrá de un “censo del bienestar”, levantado por simpatizantes de Morena. Esto representa el riesgo de que los programas se utilicen de forma clientelar para fortalecer su estructura electoral.

Finalmente, poco se ha hablado del costo creciente de mediano y largo plazos que representarán dichos programas para las finanzas públicas del país. En una proyección realizada a fines del 2018, se estimó que el valor presente de los programas de adultos mayores y discapacitados y el de Jóvenes Construyendo el Futuro en sus dos vertientes de becas y capacitación equivaldría a 54% del PIB (2019- 2070), con una curva creciente de gasto en el tiempo. El programa de adultos mayores, por si solo, costará 38% del PIB.

Conclusión.

Cómo verán, hay mucho que hacer por parte del gobierno federal o central (cómo usted le quiera llamar), lo importante es no dejar de observar con detenimiento a esta administración.

Parece que nadie  ha comentado que ya son gobierno y los sesgos ideológicos, deben dejarse a un lado, para pasar a una vía institucional, que si se toma, podría gestar un nuevo régimen político, donde se ha cifrado la esperanza de millones de votantes y que al no contar con un mecanismo institucional, los procesos no pueden consolidarse y si en cambio volveremos a caer en una etapa oscura de partidismos oscuros.

POR ELLO, NO ES LO MISMO QUE LO MESMO O LA POPULARIDAD NO SIGNIFICA EFICACIA O EFICIENCIA.

El autor es, Maestro en Antropología Social.

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